Ante problemas complejos, tenemos la tendencia de buscar la comodidad intelectual en una solución simple, que suele ser de carácter demagógico, populista o emocional.

Existen soluciones simples a problemas complejos, pero siempre parten de una comprensión casi absoluta del problema tras un análisis profundo y exhaustivo del mismo, mientras que aquellas soluciones simples que se sustentan es reduccionismos, generalizaciones, prejuicios y demás atajos cognitivos no son más que parches inútiles para cualquier otra cosa que no sea reconfortar a quienes a ellas se adhieren. .

Cuando a este fenómeno de la tendencia a reconfortarse con soluciones simples que somos capaces de entender se le suman las pulsiones viscerales que nos producen aquellos sucesos trágicos con los que empatizamos y que despiertan en nosotros instintos de supervivencia y protección grupal, es prácticamente inevitable que la fe en las soluciones simples se extienda como la pólvora.

Lo malo del asunto, es que una solución inútil es incluso peor que ninguna solución, ya que nos aleja de la búsqueda de una solución útil.

Un ejemplo de esto son los acalorados conatos dialécticos sobre el sistema penitenciario en los que se propugna toda clase de soluciones simples y efectivistas, en una espiral de validación y refuerzo endogámico ante la ausencia de crítica.

Trabajos forzados, cadena perpetua, castigos físicos, amputaciones y penas de muerte, parecerían la solución que nuestra sociedad necesita para protegernos de los salvajes.

Lo que dichas soluciones obvian son los pilares fundamentales en los que se sostiene la sociedad que pretendemos construir, ya que tal vez en nuestro intento de sentirnos protegidos estemos poniendo en riesgo tales principios irrenunciables y como consecuencia la protección que estos nos proporcionan.

Podemos tener alguna sana discrepancia sobre cuáles son dichos principios y cuál es su orden de importancia, pero no existe posibilidad de desacuerdo en que debemos rechazar cualquier propuesta que sea contraria a nuestros principios fundamentales.

Para mí, los principios son: la justicia, la libertad, la vida, la solidaridad, y la dignidad humana; y por ello rechazo los trabajos forzados, la pena de muerte, la cadena perpetua, etc.

No niego la existencia del problema, ni tan siquiera la validez de la solución (aunque dudo de la misma), afirmo que la solución simple es incompatible con los principios fundamentales en los que quiero que se base la sociedad, y por lo tanto rechazo la solución simple y afirmo que necesitamos una solución compatible con tales principios y sustentada en un análisis profundo y minucioso.

Pero como la tentación es fuerte, y no soy inmune a ella, no puedo evitar propugnar mi propia solución simple:

Nuestro sistema no hace justicia:

Sin reparación a la víctima no hay justicia, y por lo tanto incluso cuando la reparación física no es posible, la justicia debe asegurarse de que exista reparación moral. No se trata de venganza, se trata de que las penas deben cumplir la función de castigar.

Nuestro ordenamiento jurídico dice que las penas de privación de libertad tendrán como objetivo la reinserción, no el castigo.

Eso hay que cambiarlo. La reparación de la víctima exige castigo al culpable. La pena de privación de libertad debe tener como objetivo el castigo.

Esto significa que no habrá ninguna clase de permisos penitenciarios, ni lujos. La dieta será sana pero insípida, las instalaciones serán austeras y básicas, sin gimnasio, sin tele, sin radio, sin libros, sin ocio. El tiempo que dure la condena debe ser un tiempo absolutamente perdido.

Nuestro sistema no garantiza la reinserción:

Los datos muestran que el sistema reinserta a una mayoría de los condenados, y por lo tanto no sería correcto decir que el sistema no reinserta, pero también muestran que hay casos concretos que son devueltos a la sociedad sin que haya logrado su objetivo declarado de reinsertarlos, ante la impotencia de los profesionales implicados que son plenamente conscientes de que ponen en la calle a un individuo que no es apto para vivir en sociedad.

Eso hay que corregirlo. Tras la condena de la fase punitiva, debe comenzar siempre el tratamiento de la fase educativa, que comienza continuando la privación de libertad, pero con acceso a más comodidades y a ocio.

En el caso de personas que tengan problemas psicológicos que las hagan irrecuperables, serán derivadas a una fase médica, donde podrán estar recluidas a perpetuidad en una institución mental de la que podrían regresar a la fase educativa a discreción de los psicólogos.

En la fase educativa, el alumno puede acceder a diferentes grados, permisos y lujos, a discreción de los profesionales públicos (del estado) y privados (del paciente y de cualquier otra parte interesada) los cuales se basarán en su actitud, comportamiento, trabajo, etc.

El trabajo en la fase educativa será voluntario y remunerado. El alumno podrá disponer del dinero que gane para obtener lujos y comodidades, bajo la supervisión profesional, o al final de la fase para mejorar sus posibilidades de reinserción.

La fase educativa podría extenderse más allá de la permanencia del alumno en los centros penitenciarios. Podrían ser puestos en libertad antes de que termine la fase educativa para poder continuar su evaluación en un entorno real, pudiendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado hacer un seguimiento y vigilancia de sus actividades y movimientos.

En cualquier caso, los profesionales que siguen el caso tendrían la capacidad de decidir cuando poner en libertad o volver a recluir al alumno, bajo su rese les podrá exigir responsabilidad en caso de negligencia o dolo.